La crisis nuclear en Japón: análisis y reflexiones
Dra. Judith Desimoni, Dra. Marcela Taylor, Dr. Leonardo Errico, Lic. María Luciana Montes
Grupo de Investigación y Servicios de Radioactividad en Medio Ambiente
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata IFLP-CONICET-UNLP
Japón es un país desarrollado que necesita una gran cantidad de energía para su funcionamiento. El 65% de la electricidad que utiliza proviene de petróleo, carbón y gas natural, recursos que Japón no posee y por lo tanto debe importar. Esto ha llevado a Japón a apostar por la energía nuclear, la cual es considerada como un recurso de importancia estratégica a nivel nacional desde 1973 ya que, junto a la energía hidroeléctrica, aporta el 35% restante de la energía.
En la actualidad Japón cuenta con 54 centrales nucleares instaladas, 10 de las cuales son las de Fukushima Daiichi (6) y Fukushima Daini (4), gerenciadas por la empresa TEPCO (Tokio Electric Power Company). Siete de estas plantas estaban en operación y tres en parada normal de mantenimiento el 11 de marzo de 2011, fecha en la que ocurrió el terremoto de 9 grados en la escala de Richter y el posterior tsunami. Luego del terremoto, los sistemas de seguridad de las centrales actuaron eficientemente apagando los reactores y comenzando los procesos de refrigeración. Sin embargo, el tsunami afectó la red de alimentación eléctrica principal y la de apoyo para el caso de emergencias, lo que impidió el normal funcionamiento de los sistemas de enfriamiento, llevando a los reactores y a las piletas de almacenamiento de combustible gastado a una situación crítica. En las imágenes se observa la planta nuclear de Fukushima (arriba) y las zonas afectadas por la catástrofe (abajo).
De acuerdo a la información suministrada por las agencias oficiales de control de Japón y la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) desde el primer momento se pusieron en marcha los protocolos de seguridad para salvaguardar el medio ambiente y la población. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por los técnicos, la situación aún es considerada como grave.
Inicialmente el accidente fue clasificado por la Agencia en Seguridad Nuclear e Industrial de Japón (NISA) como 4 en la escala INES (siglas de International Nuclear Event Scale). Esta escala es una herramienta de trabajo que permite catalogar los incidentes y accidentes que ocurren en las instalaciones nucleares de una manera sistemática de acuerdo al impacto en las personas y el medio ambiente. Está dividida en siete niveles, de menor a mayor y se aplica para "comunicar al público de manera rápida y coherente la importancia desde el punto de vista de la seguridad de sucesos asociados a las fuentes de radiación". Este mecanismo fue diseñado y puesto en marcha por un grupo internacional de expertos convocados por IAEA, con sede en Viena, y por la Agencia para la Energía Nuclear, AEN, de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), con sede en París.
El 11 de abril, luego de evaluar nuevamente la situación a la luz de la evidencia de la severidad del accidente, se modificó la valoración de la situación para llegar a la clasificación actual:
FUKUSHIMA-DAIICHI: INES 7 FUKUSHIMA-DAINI: INES 3
Según los protocolos, el haber alcanzado la escala INES 7 significa que se ha producido una liberación grave de materiales radiactivos que comprenden típicamente una mezcla de productos de fisión radiactivos de corta y larga vida, con amplios efectos en la salud y el medio ambiente, que requiere la aplicación prolongada de contramedidas. Las autoridades japonesas notificaron tanto a la IAEA como al público de este cambio provisional de status. Esta recalificación equipara el accidente de Japón al ocurrido en Chernobil en relación a su impacto sobre los seres humanos y el ambiente. Sin embargo, hasta el momento el material radioactivo vertido en Japón es un diez por ciento de el que fuera vertido en Chernobil.
Desde el 20 de marzo, equipos de monitoreo de la IAEA y japoneses han realizado medidas de actividad de 131I y 137Cs en agua de consumo humano, agua de mar, aire, suelo y alimentos, encontrando niveles de contaminación radioactiva variables, en algunos casos por encima de los valores permitidos en Japón y superiores a los valores de base determinados previo al accidente. Los valores más elevados fueron determinados en la provincia de Ibaraki al sur de las plantas nucleares. Esta contaminación tiene origen tanto en los vapores con contenido de nucleidos radiactivos liberados a la atmósfera que luego son depositados en la superficie como en la migración del agua descargada para enfriar los reactores y las piletas de almacenamiento. Una vez detectada la contaminación de agua potable y alimentos, se han tomado medidas de restricción de consumo y comercialización de los mismos.
Si bien se cuenta con una gran cantidad de datos obtenidos en forma sistemática, aún es prematuro hacer una evaluación sobre las consecuencias sobre el medio ambiente y la población. Es evidente que para determinar el impacto, se deberá realizar un estudio completo de las matrices ambientales y alimentos que no sólo contemple la contaminación radiológica, sino también la presencia de otros contaminantes que han sido vertidos producto de incendios y derrames ocasionados por el terremoto y el tsunami.
Queremos destacar que, dado que los movimientos atmosféricos del hemisferio norte son prácticamente independientes de los del hemisferio sur, nuestro país no se verá afectado en forma directa por la contaminación que si afectaría al hemisferio norte. Sin embargo es imprescindible implementar medidas de control de los alimentos importados tanto de Japón como de países comercialmente activos con Japón (como ya realizara Brasil) a fin de evitar el ingreso al país de productos contaminados, tal como ocurrió con leches importadas de la zona afectada por el accidente de Chernobil.
En relación a los límites de contenidos de radionucleídos naturales (presentes en la atmósfera y corteza terrestre desde la formación de la Tierra) y antropogénicos (vinculados con el inicio de la era nuclear) en alimentos y en matrices ambientales, sería deseable que nuestro país formule leyes adecuadas acordes a la situación local y diferenciando según el origen de los radionucleídos. En este marco se deberían realizar esfuerzos para el desarrollo de programas que establezcan líneas de base regionales que favorezcan la detección de alteraciones de las matrices ambientales en el caso de emergencias radiológicas y que contribuyan al establecimiento de los límites legales.
Otro punto importante es la necesidad de contar con recursos humanos altamente capacitados, entrenados para intervenir en estos casos de emergencia, tanto en las cuestiones técnicas inherentes a las plantas nucleares como en el monitoreo ambiental. Si bien la Argentina cuenta con profesionales altamente capacitados en la materia, situaciones complejas como la planteada en Japón ponen de manifiesto la necesidad de disponer de un gran número de profesionales entrenados en el monitoreo ambiental y de alimentos.
Un punto aparte merece la comunicación a la población de temas relacionados con la radioactividad y la energía nuclear. Desde el inicio de la crisis en Japón, la información brindada por los medios de comunicación fue parcial, ha veces contradictoria y en algunos casos equivocada. En nuestra opinión, esta situación mostró la importancia del rol de los científicos a la hora de brindar información entendible y confiable a una población ávida de información certera, de aquí que consideramos que sería deseable que se alfabetice a la población en estos temas u otros temas de su interés mediante programas que sirvan de puente entre los científicos y la población, para disminuir los miedos y evitar el pánico generalizado, tal como ocurrió en este caso.
Finalmente, este lamentable hecho pone de manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos económicos y científicos para garantizar mecanismos de acción rápidos y eficientes en caso de emergencias radiológicas tales como monitoreos on-line de matrices ambientales, una red de laboratorios dedicados a la determinación de líneas de base, capacitación de personal para actuar en emergencias nucleares, información de cómo actuar en este tipo de emergencias para la población próxima a las áreas criticas, etc.
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